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Neyra Azucena Cervantes fue vista por última vez de camino a casa desde el colegio en la ciudad de Chihuahua, sobre las seis de la tarde, el 13 de mayo del 2003. Cuando su familia se enteró de que había desaparecido aquella tarde, se pusieron en contacto con la policía. Sin embargo, las autoridades hicieron gala de su acostumbrada lentitud para ponerse a investigar, así que la familia de Neyra creó un grupo de familiares y amigos para buscarla. Entre los muchos que acudieron a la llamada, se encontraba David Meza, un primo de Neyra, quien viajó unos 2.500 Km. desde el sur, en el estado de Chiapas, para unirse a la búsqueda y exigir la ayuda de la policía. La despreocupación de las autoridades, que tardaron un mes en colgar carteles denunciando su desaparición y que asignaban el caso a nuevos oficiales cada semana, hizo que la familia se volviera cada vez más crítica de la actuación policial. Pasaron días y semanas, y la familia presionaba cada vez más al Procurador General de Justicia, Jesús José Solís Silva, para que investigara adecuadamente la desaparición de Neyra. Durante una acalorada discusión en el transcurso de su última reunión con Solís Silva, David puso en tela de juicio su competencia, a lo que Solís Silva contestó, “¿Quieres un culpable? Pues tendrás uno muy pronto.” Una semana después, David estaba en la cárcel.
Desafortunadamente, el caso de Neyra y David no es raro en Ciudad Juárez y Chihuahua, pero se trata de una sóla familia que enfrenta una doble injusticia: la périda de un ser querido, y la tortura y el injusto encarcelamiento de un familiar. Desde 1993, más de 400 mujeres han sido violentamente asesinadas y se han registrado más de 4.000 denuncias por desaparición de mujeres. Estos asesinatos recurrentes han recibido el nombre de “feminicidio” y se han convertido en el escándalo de derechos humanos más embarazoso en la historia reciente de México. Uno de los aspectos más llamativos de la situación es el hecho de que las familias de las mujeres desaparecidas y las de los acusados encarcelados han unido sus fuerzas en su lucha por que se haga justicia.
En los últimos 12 años, las posibles explicaciones que se han barajado para el secuestro y brutal asesinato de estas mujeres iban desde la prostitución forzada y el tráfico de órganos hasta los rituales satánicos y la realización de películas "snuff". Sin embargo, no existen suficientes pruebas convincentes que apunten a una teoría en particular capaz de explicar todos estos crímenes, ni ninguna de estás hipótesis excluye las demás. Pese a todo, este fenómeno muestra un claro patrón de violencia en contra de las mujeres y continúa expandiéndose debido a la falta de una investigación adecuada por parte de las autoridades. Bajo presión por su incompetencia y negligencia ante estos crímenes, las autoridades han recurrido a la tortura para fabricar culpables Actualmente, hay aproximadamente doce hombres en prisión por supuestamente haber asesinado a 30 mujeres, aunque apenas existan pruebas contra ellos salvo confesiones que se sabe a través de informes fidedignos fueron obtenidas bajo tortura. David es uno de estos casos.
Las autoridades califican de “mito” el problema de los asesinatos de mujeres. Sin embargo, una gran cruz rosa llena de clavos desde donde cuelgan los nombres escritos de cada una de las víctimas yace delante de la oficina del gobernador de Chihuahua y sirve de recordatorio a las autoridades de que el número de víctimas sigue creciendo a un ritmo vertiginoso. En el 2004, 31 mujeres fueron asesinadas brutalmente en Ciudad Juárez y Chihuahua, lo que representa un aumento del 58 % con respecto al 2003. Nada más que de enero a marzo del 2005 ya se han encontrado seis cuerpos. Mientras tanto, aquellos que confesaron bajo tortura ser los perpetradores de los asesinatos de mujeres siguen en la cárcel.
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