Negocios y Derechos Humanos

Ecuador – ¿Derechos Petroleros o Derechos Humanos?

Amnistía Internacional está realmente preocupada por el estado de los derechos humanos de las poblaciones indígenas y de los grupos ecologistas en el Ecuador. Por más de cuatro décadas, las comunidades indígenas han sido testigos de cómo las multinacionales petroleras se han abierto paso a través de sus territorios ancestrales y de la selva Amazónica en busca de los vastos recursos petroleros del país. Los testimonios de estas comunidades, verificados por estudios médicos independientes y por reportes como "Crudo Amazónico", han descrito cómo compañías petroleras han acabado con la vida en los ríos, han surcado la selva con caminos, han contaminado el aire y han arrojado millones de galones de desechos tóxicos que están afectando la supervivencia de las comunidades que habitan en estas áreas.

Niño Cofán. Cortesía de Josh Schacter

Las petroleras trasnacionales y domésticas que operan en la delicada selva tropical, conocida como el ‘Oriente’, amenazan la supervivencia de poblaciones indígenas y de aquellos que procuran proteger a sus comunidades y al medioambiente. En las últimas cuatro décadas ha habido una sucesión de compañías petroleras estadounidenses, como Texaco (ahora conocida como ChevronTexaco tras unirse con Chevron en el 2001), Occidental Petroleum, ARCO y Maxus Energy Corporation, entre otras que han ido al Ecuador en busca de petróleo. Los defensores ambientales y de derechos humanos alegan que las operaciones de estas compañías ponen en peligro la vida de los pobladores del lugar. Actúa ya para poner fin a estos abusos »

En el Norte de la Amazonía:

La contaminación de ChevronTexaco y tres décadas de descuido
Texaco, por ejemplo, empezó la exploración petrolera en Ecuador en 1964, y fue la primera compañía en descubrir cantidades comerciales de petróleo. Trabajando conjuntamente con Petroecuador (la compañía estatal petrolera), Texaco actuó como socio operador, estableciendo los estándares para las operaciones en la región. Según el informe Crudo Amazónico (1991), de la abogada ambientalista Judith Kimerling, desde 1972 hasta que saliera del Ecuador en 1992, Texaco vertió intencionalmente más que 19 mil millones de galones de agua con desechos tóxicos en la región y fue responsable de haber derramado 16,8 millones de galones de petróleo del oleoducto principal en la selva amazónica. Para comparar, el infame desastre del buque Exxon Valdez derramó 10,8 millones de galones en las costas de Alaska en 1989. El informe alega que estas acciones contaminaron la tierra y el agua subterránea de las comunidades que viven en estas regiones y continuarán amenazando sus bases económicas y culturales de supervivencia.

Según los autores del Informe Yana Curi de 1999, el cual detalla el impacto del desarrollo petróleo en la salud de los pobladores de la Amazonía ecuatoriana, el vivir cerca de los campos petroleros parece aumentar el riesgo en la salud de los residentes. Por ejemplo, según las características de la población del recinto petrolero de San Carlos, las estadísticas de cáncer entre sus habitantes son más altas que los niveles normales esperados. Otro estudio publicado en el International Journal of Occupational and Environmental Health advierte una correlación entre un alto índice de abortos espontáneos y el vivir cerca de aguas contaminadas. En algunos arroyos se encontraron niveles de concentración de químicos petroleros, como hidrocarburos, 280 veces mayores a los niveles permitidos en la comunidad europea. Mientras tanto, ChevronTexaco no sólo se ha negado a reconocer cualquier conexión entre los riesgos para la salud pública y los problemas ambientales causados por sus procedimientos de perforación en el Amazonas ecuatoriano, sino que también se ha negado a limpiar la contaminación, sosteniendo que un acuerdo de ‘remediación’ con el Gobierno ecuatoriano lo ha liberado de toda responsabilidad. La compañía también se ha rehusado a compensar directamente a las comunidades afectadas por haber amenazado su salud y su supervivencia económica y cultural al contaminar su medio ambiente.


Problemas legales…
Un juicio: En 1993 se inició una demanda de acción colectiva contra ChevronTexaco bajo el Alien Tort Claims Act (en inglés) en una corte federal en Nueva York por parte de unos 30.000 residentes de la Amazonía que reclaman contra la contaminación de su medioambiente. ChevronTexaco ha peleado el juicio en los Estados Unidos y ha conseguido que se envíe el caso a las cortes ecuatorianas en donde ha sido reiniciado. Actualmente, el juicio se encuentra en la etapa de inspecciones judiciales en las zonas afectadas.

Un arbitraje: ChevronTexaco interpuso un arbitraje en la Asociación Americana de Arbitraje (AAA), para que Petroecuador, la empresa petrolera ecuatoriana, cubra los honorarios legales y cualquier costo de remediación si ChevronTexaco llegara a perder el juicio contra los residentes de la Amazonía. El Gobierno ecuatoriano y Petroecuador han presentado una demanda en la Corte Suprema de Nueva York en contra de ChevronTexaco y de la AAA para descartar el arbitraje.


La violación de derechos humanos
Estos informes resaltan los graves abusos de derechos humanos contra las personas que viven en el área de las antiguas operaciones de Texaco. Como se ha descrito en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (en inglés), se han violado los derechos de los pobladores a mantener el mejor nivel posible de salud, a disfrutar de un nivel de vida adecuado y a tener acceso a fuentes de agua limpia.

La pasividad corporativa ignora el hecho de que la responsabilidad de proteger los derechos humanos no le corresponde solamente a los estados y a las naciones. Desde 1948, la Declaración Universal de Derechos Humanos ha proporcionado un estándar de objetivos generales, señalando que cada individuo y organismo de la sociedad tiene la responsabilidad de reconocer y cumplir los derechos y libertades ratificados en dicha Declaración. En el 2003, la Subcomisión de Promoción y Protección de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas adoptó las Normas de la ONU (en inglés) que tratan sobre las responsabilidades que tienen las corporaciones trasnacionales y otras empresas con respecto a los derechos humanos. Tras ser aprobadas, las Normas de ONU fueron enviadas a la Comisión de Derechos Humanos de la ONU para ser discutidas. El preámbulo a las Normas de la ONU señala que “las corporaciones trasnacionales y las otras empresas de negocios, sus empleados y las personas que trabajan para ellas están también obligadas a respetar las normas y responsabilidades generalmente reconocidas y contenidas dentro de los tratados de las Naciones Unidas y de los otros instrumentos internacionales.” A pesar de que las Normas de la ONU aún no tienen estatus oficial como leyes, representan un nuevo consenso de opiniones que reconocen que si los estados e individuos tienen obligaciones internacionales, entonces también las corporaciones tienen personería bajo la ley internacional.

Activismo Accionarial (en inglés)
Amnistía Internacional USA, junto con Trillium Asset Management (una firma de Inversión Socialmente Responsable) y el New York State Common Retirement Fund (el cual posee aproximadamente $350 millones en acciones de ChevronTexaco), presentaron una resolución (en inglés) para ser discutida en la junta de accionistas de ChevronTexaco. La resolución pide que la Junta de Directores de la petrolera prepare un reporte sobre las nuevas iniciativas por parte de la administración de la compañía para atender las inquietudes sobre el medio ambiente y sobre la salud de las comunidades afectadas por los desechos perjudiciales y otros tipos de contaminación relacionados con la actividad petrolera en las zonas donde Texaco operó en el Ecuador. La resolución se discutirá en la Reunión Anual de Accionistas de ChevronTexaco que se llevará a cabo en el mes de abril del 2005. El año pasado, una resolución similar consiguió la aprobación del nueve por ciento de inversionistas, cifra más que suficiente para presentar nuevamente la resolución en la junta de este año. Lea las últimas noticias sobre la campaña. »

En marzo del 2004, Amazon Watch, una organización sin fines de lucro cuya misión es defender el medioambiente y proteger los derechos de los pueblos indígenas de proyectos extractivos en gran escala, envió una delegación a Ecuador a verificar las acusaciones de contaminación medioambiental presentadas contra ChevronTexaco. Entre los invitados estuvieron representantes de instituciones que poseen acciones en la petrolera. En Ecuador, la delegación visitó varias fosas de desechos, pozos y fuentes de agua – ninguna de las cuales parecían limpias ni adecuadamente remediadas. También escucharon los testimonios de varios residentes quienes describieron cómo los derivados de la perforación petrolera habían envenenado lentamente las corrientes de agua de la región, causando un gran descenso en la productividad agrícola y aumentando la incidencia de graves enfermedades. Los residentes de estas zonas afirman que ha habido un incremento en la ocurrencia de cánceres, defectos de nacimiento, infecciones respiratorias y enfermedades tanto de piel como del aparato digestivo, además de misteriosas muertes con causas indeterminadas.


En el Sur de la Amazonía:

La resistencia de las comunidades indígenas a la exploración petrolera
La comunidad indígena Kichwa de Sarayaku, en la provincia de Pastaza, está opuesta a la concesión petrolera del Bloque 23 otorgada por el Gobierno ecuatoriano a la Compañía General de Combustibles (CGC), una petrolera argentina, permitiéndole iniciar operaciones en el territorio de los Sarayaku. Burlington Resources, una empresa de energía estadounidense, posee el 50% de interés operativo en este bloque. La comunidad Sarayaku sostiene que la extracción petrolera en su territorio deteriorará su medioambiente y su estilo de vida, el cual no quieren abandonar. Ellos han propuesto alternativas de desarrollo sostenible en su territorio para que su cultura no se perjudique.


Indígenas Shuar protestan contra la exploración de Burlington Resources. Cortesía de Amazon Watch

Su comunidad y sus líderes, incluido su presidente Marlon Santi, han sufrido una campaña de intimidación y difamación aparentemente a causa de su oposición a las concesiones petroleras. Los perpetradores parecen ser individuos alineados con los intereses petroleros que actúan con el consentimiento de las fuerzas de seguridad. Tras las numerosas amenazas de muerte y los abusos físicos verbales, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que forma parte de la Organización de Estados Americanos (OEA), ordenó al gobierno ecuatoriano que proteja a los Sarayaku. Según se ha informado el Ministro de Energía y Minas del Ecuador respondió a las medidas preventivas de la Comisión Interamericana diciendo: "la OEA no manda aquí."

Otras organizaciones de derechos humanos que apoyan a los Sarayaku también han recibido amenazas anónimas de bomba y de muerte. Una de éstas víctimas fue José Serrano Salgado, miembro de la organización no gubernamental ecuatoriana Centro de Derechos Económicos y Sociales (CDES), el cual fue presuntamente amenazado de muerte el 25 de abril del 2004. La Fundación Pachamama, otro organismo partidario de la comunidad Sarayaku, recibió una amenaza de bomba por teléfono el 6 de abril del 2004; está no era la primera amenaza que recibían. Hasta la fecha, Amnistía Internacional no ha sabido de ninguna investigación siendo realizada por la oficina del Ministro de Justicia con respecto a estas alegaciones.

En el Bloque petrolero 24 (al sur del Bloque 23), los grupos ecologistas y las comunidades indígenas continúan su lucha contra la expansión petrolera en la Amazonía. En abril del 2004, Pablo Tsere, un líder indígena Shuar, asistió a una reunión de accionistas de Burlington Resources, que en este caso posee la concesión total del Bloque 24, donde el Sr. Tsere habita. El líder criticó duramente los planes de perforación petrolera y pidió a Burlington que cese inmediatamente su exploración en la remota área de la Amazonía, en donde el pueblo Shuar vive con otros dos grupos indígenas, los Achuar y los Kichwa. Debido a la oposición indígena a las operaciones de la CGC y de Burlington Resources en sus territorio, éstas se han visto obligadas a paralizar sus actividades de exploración bajo declaraciones de “force majeure” (una cláusula que protege a las compañías por incumplimientos de contrato ocasionados por acontecimientos fuera de su control como desastres naturales o guerras.)


Derechos indígenas... El Ecuador ratificó el Convenio de la Organización Internacional del Trabajo sobre los Pueblos Indígenas y Tribales (el Convenio 169 de la OIT) en 1998, el mismo año en que adoptó una nueva constitución que por primera vez reconoce los derechos colectivos de los pueblos indígenas.
El Convenio 169 y la Constitución de 1998 declaran el derecho de los pueblos indígenas a ser consultado sobre cualquier plan de exploración o extracción de recursos no renovables que se encuentren en sus tierras que puedan afectar su ambiente o su cultura, a participar de los beneficios de estos proyectos en cuanto sea posible, y a ser indemnizados por cualquier daño socio-ambiental.
El oleoducto de crudos pesados multiplica las concesiones en la Amazonía
Los protectores del medio ambiente se encuentran alarmados por que casi toda la Amazonía Ecuatoriana se encuentra disponible a la exploración petrolera.


En junio del 2001, el gobierno ecuatoriano dio el visto bueno para la construcción de un nuevo oleoducto de 298 millas que va desde el Oriente, la región selvática al este del país, hasta el puerto de Esmeraldas en las costas del Pacífico. El oleoducto se inauguró en diciembre del 2003. Este proyecto fue promocionado como la panacea para la crisis económica del Ecuador y tiene la capacidad de duplicar la producción petrolera del país.

El oleoducto fue construido por la OCP (Oleoducto de Crudos Pesados) Ltd., un consorcio de siete multinacionales que incluyen a las compañías estadounidenses Occidental Petroleum, Kerr McGee, a la canadiense Alberta Energy, a la italiana Agip Oil Company, a la española Repsol YPF, y a las argentinas Perez Compac S.A. y Techint.

El crudo pesado que se transportará en el oleoducto se encuentra en parques protegidos, reservas faunísticas y en territorios indígenas. Los grupos ambientalistas temen la pérdida y destrucción irrevocables de los últimos espacios de bosque tropical inalterado. Los nuevos proyectos petroleros amenazan a áreas protegidas como al Parque Nacional Yasuní, a la Reserva Natural Cuyabeno, a la Reserva Biológica Limoncocha y al Bosque Protector Pañacocha. El oleoducto también está estimulando la búsqueda de más reservas petroleras dentro de los millones de hectáreas de bosque inalterado, que se encuentran en la mayor parte dentro de los territorios ancestrales de las nacionalidades indígenas Achuar, Shuar, Huaorani, Kichwa, Shiwiar, y Zápara. Muchas de estas comunidades han jurado nunca permitir el desarrollo petrolero en su territorio, mas otras temen perder sus tierras si ponen resistencia.

En agosto del 2004, el gobierno ecuatoriano aprobó los planes de la compañía estatal brasilera Petrobras para operar en el Bloque 31 ubicado en el Parque Nacional Yasuní, a pesar de que la UNESCO designó al Parque Yasuní como Reserva Mundial de la Biosfera en 1989. La petrolera estadounidense Occidental Petroleum y la española Repsol-YPF también poseen concesiones en esta área protegida. Estas concesiones alarman a grupos ecologistas y a los pueblos indígenas, quienes temen por la biodiversidad de la reserva y por la seguridad de sus comunidades.


El petróleo y la economía... La economía ecuatoriana depende en gran parte en la producción petrolera y el estado retiene la posesión sobre todos los recursos no renovables. Según el Ministerio de Energía y Minas del Ecuador, el petróleo constituye el 40% del total de exportaciones y financia más de la tercera parte del Presupuesto Nacional.
Debido a este vínculo que el Ecuador tiene con la industria petrolera, es imperativo que todas las operaciones petroleras cumplan con los más altos estándares sociales y ambientales, para asegurarse de que la importancia económica del petróleo no eclipse la importancia de los derechos humanos.
Abusos reiterados
El temor por la seguridad de los activistas indígenas y ecologistas en las zonas petroleras del Ecuador está bien fundamentado. Amnistía Internacional ha publicado numerosas Acciones Urgentes, instando al Gobierno a que investigue y proteja a la comunidad Sarayaku y a sus partidarios ecologistas, y solicitando la colaboración de las compañías implicadas en estas investigaciones.
Aparte de los problemas petroleros, las fuerzas de seguridad ecuatorianas han sido acusadas en varios casos de abuso a los derechos humanos de la población civil. Amnistía Internacional ha insistido que se tomen las medidas necesarias para asegurarse de que se haga justicia en estos casos de abuso policial. Estos incidentes demuestran la necesidad de una estrategia preventiva para que las comunidades y los activistas opuestos a las políticas gubernamentales de desarrollo y a las prácticas irresponsables de la industria petrolera se encuentren a salvo de cualquier tipo de abuso.