Índice de AI: AMR 41/058/2006 (Público)
Numero del Servicio de Noticias: 317
7 de diciembre de 2006
Mexico: Hacer efectivos los derechos humanos para todos y todas Respetar, proteger, promover y garantizar los derechos humanos para todos y todas en México es una obligación internacional del Estado Mexicano y un paso fundamental para la transformación del Estado
mexicano.
Hasta ahora el nuevo gobierno del Presidente Felipe Calderón Hinojosa no ha hecho público cómo va a
cumplir estas obligaciones. Es esencial que el gobierno demuestre la voluntad política necesaria para
lograr avances concretos y medibles en materia de derechos humanos. La forma en que el gobierno
atiende la crisis en Oaxaca será una señal clara de su compromiso en materia de derechos humanos.
Las autoridades estatales y federales tienen la responsabilidad de garantizar el orden público y procesar a las personas implicadas en actos de violencia. Sin embargo, las medidas tomadas deben siempre
respetar los derechos humanos. Según la información recabada por Amnistía Internacional, las autoridades estatales y municipales - y en varios casos las autoridades federales - están implicadas en violaciones de derechos humanos sin que se hayan iniciado investigaciones para llevar los responsables ante la justicia. Estas violaciones – tales como detenciones arbitrarias, incomunicación, mal trato, tortura, procesos infundados y asesinatos - constituyen abusos graves de las normas internacionales y deben ser investigadas, sancionadas y resarcidas. El gobierno federal debe tomar medidas concretas dentro del marco de los derechos humanos para lograr una solución duradera y justa de la crisis y para asegurar
que no haya impunidad frente a estos abusos.
El nuevo Secretario de Gobernación, quien es responsable de atender la situación en Oaxaca, debe
hacerlo dentro del marco de las obligaciones de derechos humanos, sin excepción. El Secretario de
Gobernación no puede asumir su nuevo cargo con la misma falta de compromiso con los derechos
humanos como lo hizo anteriormente cuando gobernó en el estado de Jalisco.
Las violaciones cometidas en Guadalajara en 2004, tales como detenciones arbitrarias, tortura y juicios
injustos quedaron en la impunidad; a pesar de las evidencias presentadas por la Comisión Nacional de
Derechos Humanos y por otros organismos nacionales e internacional, el gobierno de Jalisco en ese
entonces defendió la postura de que allí no se habían cometido violaciones de derechos humanos. Una
postura similar frente a la crisis de Oaxaca seria inaceptable y mandaría un claro mensaje sobre la falta
de compromiso real de este gobierno en materia de derechos humanos.
En marzo de 2006, Amnistía Internacional escribió a los candidatos presidenciales acerca de la
importancia de asumir compromisos concretos en derechos humanos y llevar a cabo un dialogo
sustantivo con la sociedad civil para impulsar la protección de los derechos humanos en todas las
esferas. Sin embargo, la falta de tales compromisos durante la campaña y hasta ahora es motivo de
seria preocupación para la organización.
Amnistía Internacional considera de gran urgencia que el nuevo gobierno ponga al centro de su agenda
política el fortalecimiento de los derechos humanos a nivel federal, estatal y municipal con compromisos
concretos y sin excepciones. La organización urge acción en las siguientes seis áreas que requieren
atención inmediata:
• Atender la crisis en Oaxaca con apego a las normas internacionales de derechos humanos. Asegurar
que los funcionarios municipales, estatales y federales implicados en violaciones de derechos
humanos sean juzgados ante tribunales imparciales.
• Asegurar el pleno reconocimiento constitucional de las obligaciones de respeto, protección,
promoción y garantía de los derechos humanos conforme lo establecido en los tratados
internacionales.
• Implementar reformas a la procuración y administración de justicia y de la seguridad pública que
garanticen del marco internacional de derechos humanos. Garantizar el acceso eficaz a la justicia y
la rendición de cuentas para terminar con la impunidad.
• Garantizar mecanismos eficaces para prevenir y combatir la violencia contra las mujeres de todas las
edades y orígenes sociales, y asegurar su derecho a una vida sin violencia y sin discriminación.
Asegurar el acceso a la justicia y la reparación integral a las mujeres de Ciudad Juárez y la Ciudad
de Chihuahua, así como a las recientes víctimas de violencia sexual en San Salvador Atenco en
mayo de 2006.
• Tomar medidas inmediatas y progresivas para respetar, proteger y satisfacer plenamente los
derechos económicos, sociales y culturales, sin discriminación, priorizando las necesidades de
aquellos más vulnerables como los pueblos indígenas.
• Garantizar que los defensores y defensoras de derechos humanos, periodistas y activistas en
comunidades marginadas en todo el país puedan llevar a cabo su trabajo legítimo y necesario sin ser
objeto de intimidaciones o persecución judicial a base de delitos fabricados.
• Terminar con la impunidad por las violaciones de los derechos humanos del pasado. La falta de
resultados de la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado demuestra que
las violaciones sistemáticas de derechos humanos durante la llamada “guerra sucia” aún siguen
estando en la impunidad.
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