El gobernador del estado de Chihuahua, México, ha afirmado recientemente que la atención internacional dedicada a la situación en Ciudad Juárez está dañando la imagen pública de la ciudad. No está clara la finalidad de los comentarios de Reyes Baeza pero, en el pasado, declaraciones parecidas perjudicaron a las familias y a las organizaciones no gubernamentales (ONG) locales que luchaban por que se hiciera justicia.


Decir que es la preocupación internacional y no la propia situación en la región lo que está lesionando la imagen de la ciudad es sin duda un desatino. Si Ciudad Juárez tiene fama de ser un lugar donde se cometen actos violentos y brutales contra las mujeres no es por la preocupación internacional, sino por la constatación de una realidad y por los fallos institucionales a la hora de enfrentarse a esa realidad.


La realidad es que, desde 1993, más de 370 niñas y mujeres jóvenes han sido asesinadas en Ciudad Juárez y en Chihuahua —al menos un tercio de ellas después de haber sufrido violencia sexual— sin que las autoridades hayan tomado las medidas apropiadas para investigar y resolver el problema.

Gracias a los esfuerzos de familiares de víctimas y organizaciones de derechos humanos locales, además de la acción internacional de organizaciones como Amnistía Internacional y Día «V», las cosas han empezado a cambiar. En el 2003 y el 2004, el gobierno federal cedió a esta intensa presión y accedió al fin a implicarse en el asunto, con la adopción de un conjunto de medidas destinadas a combatir la violencia contra las mujeres en Ciudad Juárez; lamentablemente, estas medidas no se aplicaron también a la ciudad de Chihuahua.


Se nombró a una activista de derechos humanos de renombre, Guadalupe Morfin, para presidir una comisión especial que se ocuparía de supervisar la intervención federal en Ciudad Juárez. La oficina de la comisionada especial ha desempeñado un importante papel fomentando el contacto con familiares de víctimas y organizaciones de derechos humanos, elaborando proyectos para resolver los problemas sociales subyacentes y poniendo de relieve que las autoridades del estado permiten de manera sistemática que se cometan estos asesinatos y secuestros, así como otros abusos relacionados. Con todo, sus competencias son muy limitadas; se le ha impedido el acceso a los expedientes judiciales de las investigaciones sobre asesinatos.


Otro mecanismo fundamental que se estableció fue la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Relacionados con los Homicidios de Mujeres en el Municipio de Juárez, con el cometido de trabajar con los fiscales locales y emprender investigaciones federales sobre un número muy limitado de casos. La fiscal, María López Urbina, también dedicó esfuerzos a sistematizar la información sobre los casos y a localizar a mujeres cuya desaparición había sido denunciada. En el 2004, la fiscal examinó los expedientes de 150 casos de asesinato investigados anteriormente por el Ministerio Público del estado y concluyó que había probables motivos para llevar a cabo investigaciones criminales y administrativas sobre más de un centenar de funcionarios públicos del estado de Chihuahua por negligencia, omisión del deber y otros delitos relacionados.


Si bien estas conclusiones constituyeron un reconocimiento sin precedentes de que los defectos en la forma de realizar las investigaciones iniciales eran sistemáticos, las autoridades federales insisten en que no tienen jurisdicción para investigar oficialmente estos casos. Así pues, los casos se han remitido de nuevo al ministerio público local y a los tribunales de Chihuahua que hicieron mal las investigaciones en un principio. No sorprende que la fiscalía no haya investigado ninguna de estas denuncias debidamente. En cambio, altos responsables de las investigaciones iniciales sí han emprendido acciones legales contra la fiscal por difamación.


Los medios de comunicación locales han informado de que en los últimos meses algunos jueces han suspendido las órdenes de detención cursadas contra funcionarios públicos al menos en tres ocasiones. Los cargos formulados contra algunos de estos funcionarios se han retirado con el argumento de que había expirado la ley de prescripción en relación con los cargos de negligencia y otros delitos menores. En vista de que no se ha buscado solución a los problemas profundamente arraigados en el sistema de justicia local, no es probable que los procesos judiciales prosperen, ni siquiera después de haber superado el primer obstáculo de garantizar los autos de procesamiento.


La insuficiencia de los datos oficiales sobre los delitos cometidos en Chihuahua, especialmente sobre el número de asesinatos y secuestros de mujeres y niñas, ha dado lugar a disputas sobre los asuntos que dificultan la búsqueda de la justicia. La fiscal especial ha afirmado que menos de 90 casos se refieren a asesinatos por motivos sexuales, aunque esta conclusión es dudosa toda vez que se basa en la investigación defectuosa inicial. Además, la fiscal ha restado importancia a los casos de violencia en el ámbito familiar, que son parte integrante de un cuadro general de violencia contra las mujeres en el estado.


El gobernador Reyes Baeza, quien asumió el cargo a finales de 2004, al principio parecía dispuesto a adoptar un enfoque más positivo a la hora de abordar nuevos casos e investigar errores cometidos en el pasado. Nombró por primera vez a una mujer como titular de la Procuraduría de Justicia del Estado de Chihuahua, y este nombramiento, junto con el de otros dos altos cargos, coincidió con la suspensión del equipo anterior que se había encargado de investigar los asesinatos en Ciudad Juárez.


Aún falta por ver si estos nombramientos repercutirán en la lucha contra la corrupción endémica en las procuradurías y la policía judicial, y quedan muchas preguntas sobre si realmente puede mejorar la situación sin acometer otros cambios fundamentales. Se ha introducido un conjunto de reformas legislativas de ámbito estatal para mejorar las medidas destinadas a combatir la tortura y la violencia contra las mujeres; con todo, tampoco esto constituye una prueba inequívoca de que se vayan a aplicar realmente.


Las autoridades federales mexicanas insisten en que se ha detenido a varias personas en relación con los asesinatos y en que ya se han resuelto los crímenes. Pero el temor de que se hayan cometido errores judiciales ha aumentado con las denuncias sobre torturas y otros abusos a los presuntos autores y con la sospecha de que algunas de las condenas impuestas han obedecido más a la presión política e internacional que a una decisión judicial bien fundada...


Victor Javier García y Gustavo González Meza denunciaron haber sido torturados para que confesaran el asesinato de ocho mujeres en una casa después de ser detenidos en noviembre de 2001. En el 2004, Victor Javier García fue condenado a 50 años de prisión a pesar de que no había una sola prueba material que lo vinculase al crimen y de que se retractó de su confesión alegando que había sido torturado. A Gustavo González Meza lo encontraron muerto en su celda el 8 de febrero de 2003; las autoridades penitenciarias afirmaron que había muerto a causa de un coágulo tras una operación de hernia.


Miguel David Meza también asegura que lo torturaron para que confesara, y también sigue en prisión. En el caso de Ulises Perzebaland y Cynthia Kiecker, sin embargo, se retiraron los cargos una vez que se retractaron de sus declaraciones obtenidas mediante tortura y un juez consideró que no había pruebas que los inculparan.


Los fallos son inherentes al propio sistema: la ausencia de investigaciones adecuadas ha llevado a las autoridades a recurrir a la tortura para obtener confesiones cuando no hay pruebas disponibles. Esto no sólo ha dado lugar al encarcelamiento de personas inocentes, sino que además se traduce en una probabilidad muy alta de que los verdaderos culpables eludan la acción de la justicia y queden libres para seguir cometiendo delitos. Aunque parece que la situación ha mejorado un poco, todavía hubo 18 asesinatos en Ciudad Juárez en el 2004 y varios más en la ciudad de Chihuahua, y este año ya han sido asesinadas dos mujeres, así que el peligro que se cierne sobre las mujeres sigue siendo muy real.


En los últimos días se ha detenido a un sospechoso en relación con el asesinato de Sagrario González, de 17 años, en 1998. Todavía no se ha determinado la trascendencia de esta detención, pero la procuradora del estado ya ha intentado arrogarse los méritos de este avance. Sin embargo, como ha ocurrido tantas veces en Ciudad Juárez y Chihuahua, este avance es un testamento de los esfuerzos que ha hecho la familia de Sagrario durante tantos años para superar la resistencia que ofrecían los investigadores para abordar esta vía de investigación.


Existe la necesidad apremiante de investigaciones imparciales e independientes tanto sobre los asesinatos como sobre las investigaciones iniciales. El gobierno federal tiene que actuar para acabar con la situación allí donde los implicados en casos de negligencia, omisión del deber, encubrimiento y otros delitos puedan estar ejerciendo la responsabilidad de investigar ellos mismos o su influencia para bloquear las investigaciones y diligencias judiciales. Toda investigación nueva deberá acometerse con exhaustividad, transparencia e independencia.


Claro que Ciudad Juárez tiene un problema de imagen, pero la culpa es de los atroces crímenes que se han cometido en la región, y también de las autoridades por no hacer recaer el peso de la justicia sobre los culpables de manera verosímil e imparcial. El gobierno de Reyes Baeza y el gobierno federal tienen que asumir responsabilidades por esta situación. La imagen de Ciudad Juárez mejorará cuando acabe la violencia y cuando el entorno de negación y corrupción sea sustituido por otro de justicia e imparcialidad.